nexo informativo
Borde/Fronteras es un breve video documental que explora ambos lados de un muro erigido como límite entre la urbanización Las Casuarinas, en Surco y los asentamientos humanos de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, en Lima (realizado por Daniel Ramírez con la colaboración de Cristian Alarcón)
-El muro que divide Las Casuarinas y Pamplona Alta (fuente: LaMula.pe)
-TAS (taller de artesanía salvaje)
-Cifuentes afirma que la PAH ha manifestado su apoyo al entorno de ETA (fuente: ElPais.com)
-El PP respalda a Cifuentes: La PAH “coquetea con grupos próximos al terrorismo” (fuente: Huffingtonpost.es)
-Ada Colau estudia acciones legales contra Cifuentes por vincular a la PAH con ETA (fuente: Publico.es)
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Arsenio Fernandez de Mesa, director de la Guardia Civil
-El director de la Guardia Civil llama héroes a los agentes que arrollaron una patera en el mar (fuente: ElDiario.es)
-El nuevo director general de la Guardia Civil tiene una preparación que difícilmente le permitiría ser guardia (fuente: ElPlural.com)
-El menor de la patera hundida en Lanzarote se querella contra la fiscal (fuente: LaProvincia.es)
-Interior exculpa a la patrullera del choque con la patera hundida cerca de Lanzarote (fuente: LaOpinion.es)
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La Audiencia Nacional intenta evitar la inmediata puesta en libertad de Carlos Calvo imputándole una nueva acción de 2011 y cuya investigación había sido cerrada sin autor conocido.
Ayer, 14 de marzo, era el 25 cumpleaños de Carlos Calvo Varela, detenido el pasado 15 de septiembre en 2012 en Vigo, en medio de una operación “antiterrorista” y procesado el pasado 26 de febrero de 2013 por “presunto delito de pertenencia a organización terrorista y presunto delito de tenencia de explosivos”.
Durante estos 6 meses de prisión preventiva ha sido dispersado y trasladado continuamente de cárcel bajo la aplicación del régimen FIES, pasando ya por los centros penitenciarios de Soto del Real, Aranjuez, Topas y Valdemoro, con todas las comunicaciones intervenidas y en módulos de aislamiento.
Desde el pasado 22 de febrero, Carlos está en el centro penitenciario de Valdemoro (Madrid). Fue trasladado desde la prisión de Topas a Valdemoro para poder declarar ante la Audiencia Nacional a petición propia, una vez alzado el secreto de sumario de su causa y corroborado que no había motivos ni pruebas suficientes para seguir prolongando su estado de prisión preventiva en un contexto en el que, según la ley, la celebración del juicio puede tardar hasta 4 años en tener lugar.
El 27 de febrero Carlos fue a declarar ante la Audiencia Nacional para dejar constancia de la ausencia de los “fines terroristas” que se le imputan y de su fuerte arraigo social en Galicia y, por lo tanto, del inexistente riesgo de fuga que alega el tribunal para no dejarlo en libertad, algo que ha sido apoyado con la presentación de casi 40 documentos y certificados, entre ellos, certificados firmados por el propio alcalde y por el párroco del ayuntamiento de Ordes (A Coruña), de donde es natural, certificados de buena parte de los profesores de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela, donde ha sido uno de los alumnos más brillantes y destacados e integrados que han pasado por allí, varias promesas de contratos de trabajo con empresas dispuestas a contratarlo para trabajar en cuanto lo pongan en libertad y certificados de toda su amplia actividad social que venía desarrollando en los últimos tiempos en Galicia, tanto como periodista como como investigador antropológico y dinamizador cultural.
Su abogado, el catalán Benet Salellas, presentó el 28 de febrero un recurso de reforma contra el auto de procesamiento de Carlos Calvo, teniendo en cuenta que en todo el sumario de 4 tomos no hay indicios suficientes para procesar a Carlos por pertenencia a una supuesta organización terrorista en Galicia inexistente –pues a día de hoy ninguna sentencia en firme judicial ha considerado que exista tal banda y el propio fiscal considera que lo existente en la causa de Carlos aportado por la Guardia Civil es insuficiente- y que no hay motivos para negar su puesta en libertad ni tampoco para que este tema siga siendo tratado por la Audiencia Nacional.
Cuando tanto Carlos como su abogado, estaban esperando a que la Audiencia Nacional resolviese el recurso presentado, ayer, 14 de marzo, día del cumpleaños de Carlos, la Audiencia Nacional decidió hacerle su particular regalo. A última hora de la tarde del miércoles, 13 de marzo, los funcionarios de prisión de Valdemoro le comunicaron a Carlos de sorpresa que estuviese preparado pues al día siguiente a las 7 de la mañana lo llevaban a “diligencias” a la Audiencia Nacional, sin explicarle de qué se trataba el asunto y sin notificarle el tribunal citación alguna a su abogado. Cuando Carlos llegó a la Audiencia Nacional, se encontró con que el juez había decidido imputarlo en una nueva causa correspondiente a un expediente que lleva años parado en la AN por no tener pruebas sobre la autoría de unos hechos acontecidos en Vigo en octubre de 2011, relativos a la colocación de un “explosivo” en un cajero de Nova Caixa Galicia que los Tedax explosionaron controladamente. Se da la particularidad que se trata de un nuevo expediente en el mismo Juzgado con lo cual lo lógico habría sido comunicarlo al letrado que el propio Juzgado sabe y conoce que es el defensor de Carlos Calvo precisamente porque le asiste en otro expediente. Además, las citaciones judiciales, sean del tipo que sean, deben ser remitidas con la anterioridad suficiente que permita a su receptor preparar la diligencia judicial y designar los profesionales que le asesoren que considere convenientes.
El juez decidió ayer imputarlo en esta nueva causa, considerándolo, sin fundamento ni prueba alguna, supuesto autor de aquel hecho acontecido en 2011, cuando, lo curioso es que en el sumario aparece recogido que después de mucho tiempo investigando policialmente, dichas investigaciones nunca llegaron a determinar la participación de Carlos en semejantes hechos. Esta conclusión de la policía aparece expresamente citada en el informe policial de imputación de Carlos en la causa primera y en la que la policía española manifiesta expresamente la imposibilidad de imputar este hecho a Carlos Calvo.
Precisamente ahora, cuando no hay motivo alguno para retrasar la inmediata puesta en libertad de Carlos, la Audiencia Nacional decide imputarle esta nueva causa con el objetivo de intentar que eso conste como un inventado “antecedente” de Carlos que nunca ha tenido y que es totalmente falso, y así atrancar su libertad. Algo que ha acontenido, para más gravedad, negándole su derecho a la defensa al tener que haber sido asistido por una abogada de oficio en lugar de por su propio abogado de confianza.
Desde la Rede de Apoio a Carlos Calvo queremos difundir este hecho para que la sociedad conozca qué es lo que está pasando. La policía y la Audiencia Nacional no pueden aprovecharse de que Carlos lleva injustamente 6 meses en prisión preventiva sin motivos para cargarle inventadamente la supuesta autoría de otras causas que llevan años sin resolver por no tener pruebas ni las investigaciones concluír nada determinante sobre quién está detrás de esos hechos.
Para seguir todo lo relacionado con la situación de Carlos, pueden consultar el Blog De Volta para Loureda :
http://devoltaparaloureda.
o el facebook de la Rede de Apoio a Carlos Calvo
https://www.facebook.com/rede.
En estas páginas encontrarán información sobre el caso y podrán acceder a los artículos y dibujos que Carlos envía desde prisión contando su injusto día a día. También podrán acceder a las numerosas muestras de apoyo recibidas en los últimos meses por parte de personas como el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, o el diputado de AGE, miembro de la Ejecutiva de Izquierda Unida, Xabier Ron, así como destacados escritores, actores, profesores de Universidad expertos en la materia, etc… Y a vídeos y otros textos que reflexionan sobre la actual situación de represión que está aplicando el Estado a determinados sectores de la población bajo la aplicación sin fundamento de la injustificada Ley Antiterrorista.
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JUEZ, PERITO, FISCALIAS Y MINISTRO, COMPLICES.
Tras el hundimiento de una patera en aguas de Lanzarote, embestida por una patrullera de la Guardia Civil, los supervivientes escribieron una carta al director del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco en el que se encontraban detenidos (documento 1). En ella, pedían al director José Cerrada Aladro, que pusiera en conocimiento del Juzgado numero 3 de Instrucción de Arrecife, la disponibilidad de todos los supervivientes a prestar testimonio en el juicio para el mejor esclarecimiento de los hechos.
Contemporáneamente se instó a la Fiscalía Superior de Canarias a que solicitase la suspensión temporal de la deportación de los supervivientes, varios de ellos con graves fracturas debido a la embestida de la patrullera. La Fiscalía Superior de Canarias no lo hizo. Ante esta situación se solicitó a la Fiscalía General del Estado que diese amparo a la solicitud de suspensión temporal de la deportación de los supervivientes para un mejor esclarecimiento de los hechos (documento 2). La Fiscalía General del Estado respondió afirmando que había recibido la solicitud y cursado la misma a la Fiscalía Superior de Canarias, órgano que ya anteriormente se había negado a solicitar al juez la suspensión temporal de la deportación (documento 3). De este modo se cierra el circulo de la impunidad de unos Guardias Civiles que actuaron fuera del protocolo de seguridad obligatorio durante una “operación de rescate” y que posteriormente dieron una versión de lo ocurrido que no coincide en absoluto con lo que se puede observar en el video recientemente publicado.
La Fiscalía Superior de Canarias no hace caso a la solicitud de suspensión de la deportación para que los testigos y victimas de lo sucedido puedan declarar en el juicio; la juez Angela López Yuste considera que “el visionado del video no es necesario para esclarecer los hechos”; el perito consultado por la juez basa su dictamen pericial en el testimonio del operador de la cámara térmica de la patrullera sospechosa; la Fiscalía General del Estado tambien hace caso omiso de la solicitud de suspensión temporal (hasta la celebración del juicio) de la deportación de los supervivientes y reenvía la solicitud a la Fiscalía Superior de Canarias que nueva mente, rehusa pedir la suspensión de la deportacion.
-El empeño era desbaratar las actuaciones judiciales (fuente: CanariasAhora.com)
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CARTA DE LOS SUPERVIVIENTES DEL HUNDIMIENTO DE LA PATERA
ESCRITO A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SOLICITANDO LA SUSPENSION DE LA DEPORTACION
RESPUESTA DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
-ULTIMO MINUTO: Gobierno Regional Cajamarca rechaza agresión policial contra campesinos de Cajabamba (fuente: MiMinaCorrupta.wordpress.com)
-Documento: Lista de convenios entre la PNP – DIROES y empresas mineras (fuente: MiMinaCorrupta.wordpress.com)
LA CAMPAÑA POR EL CIERRE DE LOS CIE DE VALENCIA EXIGE UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA SOBRE LA MUERTE DE LOS INMIGRANTES ARROLLADOS POR UNA PATRULLERA
Los testigos, igual que en las denuncias de malos tratos en Zapadores, fueron expulsados
La muerte de ocho personas en las costas canarias tras ser hundida la patera en que viajaban por una patrullera de la Guardia Civil exige la suspensión cautelar de los agentes implicados, una investigación exhaustiva de lo sucedido y la localización de los sobrevivientes que fueron expulsados. La Campaña, que aglutina a una treintena de organizacione sociales valencianas, exige que se paralicen las expulsiones de las personas migrantes que denuncian malos tratos para que la justicia pueda actuar.
La noche del 13 de diciembre de 2012, en las inmediaciones de la costa de Teguise (Lanzarote), la patrullera “Cabaleiro”, de la Guardia Civil, colisionaba contra una patera repleta de inmigrantes subsaharianos. El choque fue violentísimo, causando directamente la muerte de uno de los tripulantes de la patera. Otros siete han sido dados por desaparecidos, a día de hoy, y cuatro más presentaban heridas diversas. Toda la escena fue grabada por una cámara del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) instalada en el hotel “Oasis”, situado en las inmediaciones del trágico siniestro.
La versión dada por los patrulleros afirmaba que la culpa fue exclusivamente del conductor de la patera, al realizar una maniobra temeraria, girando bruscamente el timón. Sin embargo, las imágenes grabadas desmentirían dicha versión, demostrando que la patera se había parado previamente al choque y que este pudo ser fácilmente evitado por la patrullera. A pesar de esto, la jueza titular del caso ha desestimado visionar de las grabaciones y no impidió que los 17 sobrevivientes -excepto tres menores- fueran expulsados. Afirma que no es necesario practicar nuevas pruebas ya que el testimonio ofrecido por la Guardia Civil (una de las partes implicadas) le parece bastante esclarecedor.
No se trata de una praxis ni mucho menos nueva: conceder validez absoluta a la versión oficial, dejando en la indefensión absoluta a los ya de por sí indefensos. Parece, por generalización y reiteración, una actitud “automatizada” en los órganos judiciales. La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros ha sido testiga de hechos semejantes. Las personas recluidas en el CIE de Zapadores que denuncian malos tratos por parte de la policía son sistemáticamente expulsadas poco después de formular la denuncia; en muchos casos, la expulsión también se aplica a los testigos de los hechos. La ausencia de las presuntas víctimas provoca que ni siquiera se abra una investigación judicial o las diligencias que se pudieran haber iniciado sean archivadas. De este modo, los responsables policiales afirman que ningún agente ha sido condenado por malos tratos cuando, en realidad, no ha habido posibilidad de dirimir cuál fue la actuación de los funcionarios denunciados.
Recientemente, una jueza de Valencia ha citado a declarar a cinco jóvenes, que denunciaron malostratos en Zapadores, un año después de ser expulsados. Lo mismo ha ocurrido incluso en casos de denuncia de violencia sexual.
Por todo ello, la Campaña exige:
-Una investigación exhaustiva sobre los sucesos que provocaron la muerte de ocho personas frente a las costas de Lanzarote, para lo cual es necesario localizar a las víctimas para que ratifiquen sus testimonios.
-Separación cautelar del servicio de los guardias civiles que estuvieron implicados en el suceso dada la evidente contradicción entre sus testimonios y lo que muestran las grabaciones.
-El ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas migrantes que denuncian malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, impidiendo su expulsión para que se pueda establecer judicialmente la verdad de lo sucedido.
La indiferencia no pesa, pero su sombra existe, de un modo u otro. Se clava en la conciencia colectiva, en la conciencia de todos y de cada uno. Como el mar en los ahogados.
-”Nos pasaron por encima y rompieron la patera y tres desaparecieron en el acto” (fuente: CadenaSer.es)
-El ministro de Interior defiende a la patrulla de la Guardia Civil que arrolló mortalmente a una patera (fuente: ElDiario.es)
-Ante el dramático fenómeno de la inmigración los guardias civiles salvan vidas (fuente: AUGC.org)
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